La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción (CEPCO), la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) y la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han constatado, después de dos años de vigencia de esta norma, que la práctica de aplazamiento de pago y morosidad en los sectores que representan no se ha limitado con la entrada en vigor de la ley.

En este sentido, los sectores mencionados han comprobado como los plazos de pago reales distan mucho de los plazos impuestos por la ley, aplicándose aplazamientos que van desde los 45 a los 300 días, dependiendo del sector, el producto y la posición del deudor. Asimismo, la ley impone altos intereses para evitar la practica de la morosidad, que va, según sectores, entre 30 y 200 días, pero las empresas no aplican este sistema disuasorio por temor a dañar las relaciones con el cliente, lo que es un síntoma claro de desequilibrio entre el suministrador y el comprador.

Las organizaciones citadas han detectado también que las cláusulas abusivas se mantienen en los contratos proveedor-cliente, ya que no se ha constatado la existencia de ninguna sentencia en este ámbito en los dos años de aplicación de la ley, porque las condiciones abusivas se practican mediante prácticas que son difíciles de identificar.

CCAE, CEPCO, ANDIMAC y la FIAB han estudiado las propuestas para la mejora de esta situación y, en este sentido, creen necesario un sistema específico de control y seguimiento administrativo de la ley por parte de la Administración Central y las autonómicas, y establecer un proceso de coordinación de su aplicación.

Asimismo, para evitar la práctica de cláusulas abusivas por parte de los clientes, se considera necesario sustituir el concepto de cláusula por el de “comportamientos abusivos”, así como articular un procedimiento para denunciar este comportamiento ante los tribunales por parte de las asociaciones representativas de cada sector afectado, lo que requiere la plena legitimación de estas organizaciones para actuar en su caso.