La fecha de entrada en vigor estaba prevista inicialmente en 2008, pero la Comisión Europea (CE) propuso en noviembre atrasarla sin fijar una fecha definitiva, a lo que el Consejo de la UE reaccionó planteando que se impusiera en 2010.

España ha votado en contra porque considera que los ganaderos ya se han preparado, por lo que cualquier demora más allá de 2008 crearía incertidumbre en el sector y el consiguiente perjuicio económico, por el gasto que implican tales dispositivos electrónicos.