El Gobierno de Gustavo Petro cierra su mandato con un avance normativo relevante pero incompleto en materia de infraestructura de sacrificio animal: la expedición del Decreto 2016 de 2023, que reglamentó las plantas de beneficio de categoría autoconsumo. Así lo señala el informe 'Las deudas del Gobierno Petro con el sector ganadero', elaborado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), según recoge el medio informativo de la federación, Contexto Ganadero.

La norma buscaba facilitar el abastecimiento local de carne en municipios pequeños, reducir costos de transporte y recuperar infraestructura desaparecida en varias regiones del país. Según Fedegán, su principal logro se concentró en el ámbito regulatorio, al establecer las condiciones sanitarias y de funcionamiento que estas plantas deben cumplir bajo la supervisión del Invima.

Sin embargo, el decreto no estuvo acompañado de recursos suficientes ni de una estrategia de inversión para construir, adecuar y poner en marcha las nuevas instalaciones. Como consecuencia, los resultados en infraestructura fueron limitados y el sacrificio clandestino continuó siendo un problema estructural en numerosas zonas, con efectos sobre la informalidad del mercado, la seguridad y el abigeato.

Fedegán identifica varios obstáculos: la falta de financiación para construir y operar la infraestructura, las limitaciones presupuestales de los municipios de menor categoría, los altos costos del cumplimiento sanitario y ambiental, y la ausencia de una estrategia nacional que acompañe técnicamente a las entidades territoriales encargadas de controlar estas operaciones.

Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, subrayó que el éxito de la norma depende de que los entes territoriales, en particular las secretarías de Salud, ejerzan una vigilancia efectiva. "El punto crítico es que los entes locales y territoriales hagan la tarea a través de las secretarías de Salud. Si estas secretarías no le ponen el ojo a esta medida, la incorporan en sus actividades permanentes y le hacen seguimiento, ahí va a haber un posible fracaso. Todo el éxito depende de los municipios", afirmó.

Cubillos destacó además que el decreto amplía la oferta de carne en el país mediante infraestructura adicional de mataderos, y que las plantas de autoconsumo están dirigidas a municipios de categoría 5 y 6, lo que evitaría una competencia desleal con los mataderos nacionales.

Obstáculos desde su expedición
La norma generó cuestionamientos desde el momento de su publicación. El exministro de Agricultura Andrés Valencia advirtió que relajaba requisitos de inocuidad al hacer voluntario el sistema HACCP. "Esto es un golpe a la salud pública. Implicaría que el Invima y las secretarías de salud tendrían que tener la capacidad operativa para inspeccionar los transportes de alimentos como medida de prevención. Hoy, con el Invima actual, sabemos que esa capacidad es inexistente y se puede prestar para corrupción", escribió Valencia.

Según el exministro, el decreto también permite destruir carne decomisada dentro de las propias plantas de sacrificio, lo que representaría un riesgo sanitario, y flexibiliza las condiciones de refrigeración exigidas, lo que pondría en riesgo los mercados de exportación de carne colombiana, en un momento en que el país había logrado la apertura del mercado chino.

Cómo lograr que se cumpla
Fedegán plantea que el próximo Gobierno debe complementar el marco normativo con una estrategia efectiva de financiación e implementación, destinando recursos a la construcción y modernización de mataderos en municipios apartados. "Es necesario destinar recursos específicos para la construcción, modernización y adecuación de infraestructura, especialmente en municipios y regiones apartadas donde el acceso a plantas autorizadas es limitado", señala el informe.

El gremio insiste además en fortalecer la asistencia técnica a las entidades territoriales, simplificar los procesos de habilitación sin comprometer los estándares sanitarios y desarrollar un plan integral de inspección y control contra el sacrificio clandestino. "Resulta fundamental promover esquemas regionales que garanticen la sostenibilidad económica de las plantas, mejorar la conectividad vial para facilitar el transporte de animales y carne, y coordinar acciones entre el Invima, las autoridades territoriales y el sector productivo para asegurar una red de beneficio animal eficiente, segura y acorde con las necesidades del campo colombiano", concluye el documento.